ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
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Conclusiones XXI-2 Spain- Article 12-4.

(De NO conformidad)      

De la importancia de los Derechos reflejados en la Carta Social Europea, las conclusiones que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales y sus decisiones de fondo sobre Arts. (ya firmados y ratificados por España) a otros países miembros del Consejo de Europa ( se puede presentar como “fuente” para denunciar la violación de nuestros Derechos Humano/Sociales/económicos delante de un tribunal, por encima de lo que diga la Constitución/ Normativas Internas)

Documento original: Conclusiones XXI-2 Spain- Article 12-4.

 

Artículo 12 - Derecho a la seguridad social.
Párrafo 4 - Seguridad social de las personas que se trasladan entre Estados.

Resumen:

El Comité concluye que la situación en España no está en conformidad con el Artículo 12.4 de la Carta de 1961 debido a que:
No se garantiza la igualdad de trato con respecto al acceso a las asignaciones familiares a los nacionales de todos los demás Estados Partes;
La duración del requisito de residencia (diez años) para tener derecho a una pensión de jubilación no contributiva es excesiva.

Conclusión completa:

El Comité toma nota de la información contenida en el informe presentado por España. También toma nota de la información contenida en los comentarios de la Confederación de Sindicatos de Galicia, registrada el 3 de octubre de 2017, así como de la adición al informe de España, en respuesta a estos comentarios, transmitida el 8 de noviembre de 2017.
Igualdad de trato y retención de beneficios acumulados (Artículo 12.4a)
Derecho a la igualdad de trato
La igualdad de trato entre nacionales y nacionales de otros Estados Partes con respecto a los derechos de seguridad social se garantizará mediante la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales o mediante medidas unilaterales.
El Comité recuerda que, teniendo en cuenta la legislación de la UE sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de la UE, se rige por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009, modificados por el Reglamento ( UE) N ° 1231/2010, se considera que los Estados miembros de la UE, en principio, garantizan la igualdad de trato entre, por una parte, sus nacionales y, por otra parte, los nacionales de otros Estados miembros de la UE o miembros del EEE, apátridas, refugiados residentes en el territorio de un Estado miembro que estén o hayan estado sujetos a la legislación de seguridad social de uno o más Estados miembros, sus familias y sus supervivientes, así como a los nacionales de terceros países, a sus familiares y a sus familiares los supervivientes, siempre que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro y se encuentren en una situación que no se limite en todos los aspectos dentro de un único Estado miembro.
El Comité recuerda que, en cualquier caso, de conformidad con la Carta, los Estados miembros de la UE / EEE deben garantizar, a los nacionales de otros Estados Partes en la Carta de 1961 y a la Carta no miembros de la UE o del EEE, igualdad de trato con respecto a los derechos de la seguridad social siempre que residan legalmente en su territorio (Conclusiones XVIII-1 (2006)). Para hacerlo, tienen que concluir acuerdos bilaterales con ellos o tomar medidas unilaterales.

En lo que respecta a los acuerdos bilaterales celebrados con otros Estados Partes que no son Estados miembros de la UE / EEE, el informe recuerda que España celebró dichos acuerdos con Andorra, la Federación de Rusia y Ucrania. Estos acuerdos garantizan la igualdad de trato, la retención de los beneficios acumulados y la agregación en los períodos de seguro o empleo. El informe también declara que las negociaciones con la República de Moldova y Turquía están en curso. Sin embargo, el Comité observa que no se han concertado ni previsto acuerdos con Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, "la ex República Yugoslava de Macedonia" y Georgia.
En lo que respecta a las medidas unilaterales adoptadas por España, el Comité toma nota de que la Ley orgánica Nº 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de 11 de enero de 2000, en particular los artículos 10 (1) y 14, garantiza el principio de igualdad de trato entre los nacionales y los nacionales de otros países que están afiliados al régimen de seguridad social español con respecto a la seguridad social.
Sin embargo, el Comité se remite a sus conclusiones anteriores (Conclusiones XIX-2 (2009) y XX-2 (2013)) en las que consideró que el requisito de residencia de diez años para beneficiarse de las pensiones de vejez era excesivo. El informe indica que tal requisito no implica que la persona interesada sea residente en España durante diez años sin interrupción.
La Comisión recuerda que, en lo que respecta a las prestaciones no contributivas, la sección del Apéndice relativa al artículo 12§4 permite imponer un requisito de residencia a un ciudadano extranjero siempre que la duración de la residencia requerida sea para el objetivo perseguido (Conclusiones XIII- 4, Dinamarca).
A este respecto, la Comisión toma nota de que la pensión de jubilación no contributiva es un plan de pensión de tasa fija disponible para las personas mayores de 65 años que no tienen derecho a una pensión contributiva, ya sea porque no pagaron sus contribuciones o porque no estaban en ella. el esquema contributivo para el período mínimo. Su objetivo es garantizar que esas personas tengan un ingreso razonable durante su jubilación. El Comité considera que la pensión no contributiva de vejez en cuestión es un beneficio básico.

Según el informe, el derecho a los pagos de pensión depende en principio de dos condiciones: una persona debe residir legalmente en España durante al menos diez años entre los 16 y los 65 años, y carece de medios o ingresos suficientes. El informe indica además que la residencia en un Estado Parte miembro de la UE o del EEE es, de conformidad con el principio de asimilación de hechos establecido en el artículo 5 b) del Reglamento (CE) n. 883/2004, tratado como si hubiera tenido lugar en el territorio de España, satisfaciendo así la condición de residencia requerida. Sin embargo, los nacionales de otros Estados Partes que no son miembros de la UE o forman parte del EEE no se benefician de tal principio, por lo que la legislación española impone condiciones estrictas a los nacionales de otros Estados Parte que no son miembros de la UE o del EEE. comparación con aquellos que son.
Por estas razones, el Comité considera que el requisito de "residencia de diez años" aplicable a los nacionales de los Estados Partes que no son miembros de la UE o parte del EEE es excesivo y, por consiguiente, no conforme con la Carta en este punto.
Con respecto al pago de las prestaciones familiares, el Comité consideró que el requisito de que el niño resida en el territorio del Estado que paga se ajusta al artículo 12§4 (Declaración de interpretación sobre el Artículo 12§4, XVIII-1 (2006) ) Sin embargo, dado que no todos los países aplican dicho sistema, los Estados Partes que aplican el requisito de residencia infantil tienen la obligación, dentro de un plazo razonable, de garantizar la igualdad de trato en el sentido del Artículo 12§4, en acuerdos bilaterales o multilaterales con aquellos Estados que aplican un principio de titularidad diferente (Conclusión 2006, Chipre).
El Comité observa que el MISSOC aplica las normas por las que el pago de las prestaciones familiares está condicionado a que los hijos del demandante sean residentes en España.
El Comité también observa en el informe que no se han concertado acuerdos con los demás Estados Partes que aplican un principio diferente (Albania, Andorra, Armenia y Georgia), por lo que el Comité reitera su conclusión de no conformidad sobre este punto.
El Comité recuerda que, a falta de cualquier acuerdo bilateral aplicable, la igualdad de trato entre los nacionales de los Estados Partes con respecto a la seguridad social debe considerarse mediante medidas unilaterales.

Derecho a retener los beneficios acumulados
El informe no proporciona información sobre la exportabilidad de los beneficios sociales. Sin embargo, el Comité consideró que la situación en España era conforme con la Carta de 1961 sobre este punto en sus conclusiones anteriores (Conclusiones XVI-1 (2002) a XX-2 (2013)). Dado que la situación no se modificó, el Comité reitera su conclusión y solicita a cada informe futuro que proporcione información sobre el estado actual de la ley o la práctica.
Derecho al mantenimiento de los derechos acumulados (Artículo 12§4b)
En su conclusión anterior (Conclusiones XX-2 (2013)), el Comité preguntó si los nacionales de los Estados Partes que no son miembros de la UE o del EEE o vinculados por un acuerdo bilateral con España tienen derecho garantizado a acumular períodos de seguro y empleo. . El informe no proporciona información sobre este tema. Por lo tanto, el Comité pide nuevamente al próximo informe que confirme si el principio está garantizado para los nacionales de los Estados Partes que no son miembros de la UE o del EEE o están vinculados por un acuerdo bilateral con España. Mientras tanto, se reserva su posición en este punto.
Conclusión
El Comité concluye que la situación en España no está en conformidad con el Artículo 12.4 de la Carta de 1961 debido a que:
no se garantiza la igualdad de trato con respecto al acceso a las asignaciones familiares a los nacionales de todos los demás Estados Partes;
la duración del requisito de residencia (diez años) para tener derecho a una pensión de jubilación no contributiva es excesiva.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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