ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
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Conclusiones del CEDS sobre Art. 12.1 de la CSE     

 (De NO conformidad)     

De la importancia de los Derechos reflejados en la Carta Social Europea, las conclusiones que realiza el Comité Europeo de Derechos Sociales y sus decisiones de fondo sobre Arts. (ya firmados y ratificados por España) a otros países miembros del Consejo de Europa ( se puede presentar como “fuente” para denunciar la violación de nuestros Derechos Humano/Sociales/económicos delante de un tribunal, por encima de lo que diga la Constitución/ Normativas Internas.

Documento original .Conclusiones XXI-2 Spain- Article 12-1.

Artículo 12 - Derecho a la seguridad social.
Párrafo 1 - Existencia de un sistema de seguridad social.

Resumen:

El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artículo 12.1 de la Carta de 1961 debido a que el nivel de las prestaciones de desempleo para los desempleados sin responsabilidades familiares es insuficiente.

Conclusión completa:

El Comité toma nota de la información contenida en el informe presentado por España. También toma nota de la información contenida en los comentarios de la Confederación de Sindicatos de Galicia, registrada el 3 de octubre de 2017, así como de la adición al informe de España, en respuesta a estos comentarios, transmitida el 8 de noviembre de 2017.
En el caso de las prestaciones familiares y por maternidad, el Comité se remite a sus conclusiones sobre, respectivamente, los artículos 16 y 8.1.
Riesgos cubiertos, financiamiento de beneficios y cobertura personal
El Comité ha señalado anteriormente (Conclusiones XIX-2 (2009)) que el sistema de seguridad social español cubre las ramas de la seguridad social correspondientes a todos los riesgos tradicionales: atención médica, enfermedad, desempleo, vejez, lesiones laborales, familia, maternidad, invalidez y sobrevivientes. También se observa en el informe que los beneficios contributivos todavía se financian principalmente con las contribuciones sociales de los empleados y los empleadores, mientras que las prestaciones no contributivas se financian con cargo al presupuesto estatal.
Para evaluar el alcance de la cobertura personal real, el Comité solicitó, en las Conclusiones XX-2 (2013), e
stadísticas detalladas sobre cada una de las ramas de la seguridad social en el período de referencia. En el caso de la atención médica, preguntó qué porcentaje de la población total estaba cubierto. Para los beneficios de reemplazo de ingresos (desempleo, enfermedad, maternidad y vejez), solicitó el porcentaje de individuos asegurados en la población activa total.

En respuesta a la pregunta, el informe señala que el Real Decreto Legislativo 16/2012, de 20 de abril de 2012, establece un derecho universal a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, los siguientes tienen derecho a la asistencia sanitaria en virtud del sistema de seguridad social:

todas las personas empleadas y por cuenta propia afiliadas a uno de los regímenes de seguridad social, junto con sus familias;
todos los residentes de bajos ingresos (menos de € 100 000 por año para los que no trabajan);
los beneficiarios de una pensión de seguridad social o cualquier otra prestación de seguridad social regular, incluidos los beneficios de desempleo, y las personas que ya no son elegibles para el desempleo o beneficios relacionados que residen en España, no están empleados y no están asegurados de ninguna otra manera.
Según las estadísticas oficiales en el informe, el 97.82% de los residentes tienen cobertura de atención médica.En cuanto a los beneficios de reemplazo de ingresos, el informe indica que, de acuerdo con las cifras de la oficina nacional de estadísticas, 22.92 millones de personas estuvieron económicamente activas en 2015, de una población total de 46.44 millones y que el número de personas afiliadas en el empleo aumentó de 16.33 millones en 2012 a 17,18 millones en 2015. La Comisión toma nota de las cifras detalladas en el informe sobre el número de personas afiliadas a los diversos regímenes de seguridad social durante el período de referencia y el número de pensiones de jubilación abonadas. Solicita información detallada en el próximo informe sobre la cobertura personal relevante y una indicación de si estas cifras conciernen a todas las diversas ramas de la seguridad social.

Adecuación de los beneficios
Según los datos de Eurostat, el ingreso medio equivalente anual fue de 13 352 euros en 2015, o 1 112 euros por mes. El nivel de pobreza, definido como el 50% de la renta mediana equivalente, fue de € 6 672 por año, o € 556 por mes. El 40% de los ingresos medianos equivalentes correspondió a € 445 mensuales. Según el informe, en 2015, el salario mínimo fue de € 756.60 por mes.
El Comité concluyó anteriormente (Conclusiones XX-2 (2013) que el nivel mínimo de prestaciones por enfermedad era inadecuado. En el informe, las autoridades explican que la incapacidad temporal, o la enfermedad, los beneficios no están sujetos a un mínimo vinculado al sistema nacional de referencia. para beneficios sociales (IPREM), pero corresponde al 60% (del 4º al 20º día de licencia por enfermedad) o al 75% (desde el 21º día) de la base de evaluación, que será al menos el salario mínimo, lo que significa Por lo tanto, en 2015, la base mínima para las contribuciones fue de € 756.50 por mes y el beneficio por incapacidad temporal fue de € 15.13 por día entre el día 4 y el

día 20 y € 19.14 por día a partir de entonces. Si bien esta información es impugnado por la Confederación de Sindicatos de Galicia, las autoridades mantienen en su adición al informe que las prestaciones por enfermedad se calculan en proporción a la base de cotización. El Comité observa que el nivel de enfermedad mínima beneficia durante los primeros 20 días de incapacidad temporal, caería entre el 40% y el 50% del ingreso medio equivalente, si se calcula sobre la base del salario mínimo. En consecuencia, el Comité solicita al próximo informe que aclare si se pagan beneficios adicionales a una persona que gane el nivel mínimo de beneficio por enfermedad. Mientras tanto, se reserva su posición en este punto.
En lo que respecta a la pensión de vejez, el Comité se refiere a su evaluación en virtud del artículo 4 del Protocolo adicional.

 

En respuesta a la pregunta del Comité sobre los beneficios de invalidez, el informe presenta los montos aplicables para el período de referencia. El Comité observa que la situación es compatible con la Carta de 1961 con respecto a la pensión mínima aplicable a la incapacidad total para el trabajo (a partir de los 60 años), a la incapacidad absoluta y a la discapacidad grave. El informe no especifica los niveles mínimos de beneficios de accidentes industriales, pero el Comité observa a partir de datos de MISSOC que corresponden al 75% del salario o salario. Dado que el salario mínimo en 2015 fue de 756,70 euros, el Comité considera que el nivel mínimo de prestaciones (567,52 euros) es adecuado.
Por último, dado que no hay información relevante sobre las prestaciones de desempleo en el informe, el Comité toma nota de los datos del MISSOC (así como de los comentarios presentados por la Confederación de Sindicatos de Galicia) de que el nivel mínimo de dichos beneficios (prestaciones por desempleo) es 107 % del IPREM para un desempleado con y 80% para uno sin familia dependiente. Dado que el IPREM fue de € 532,51 en 2015, el Comité observa que el nivel mínimo de beneficios para una persona desempleada sin familia dependiente fue € 426, que es menos del 40% del ingreso medio equivalente. En consecuencia, el Comité considera que fue inadecuado.
El Comité también pregunta si se permite a los desempleados un período inicial en el que pueden rechazar ofertas de empleo porque no cumplen sus requisitos o su experiencia laboral / profesional, sin el riesgo de perder, de forma permanente o temporal, sus prestaciones de desempleo. . También solicita al próximo informe que indique la duración del pago de los beneficios por desempleo.
Conclusión
El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artículo 12.1 de la Carta de 1961 debido a que el nivel de las prestaciones de desempleo para los desempleados sin responsabilidades familiares es insuficiente.

 

 

 

 

 

 

 

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