ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
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A.Proyecto de resolución.

1. La Europa moderna ha construido una prosperidad impresionante a través del desarrollo centrado en las necesidades y los derechos humanos. Su modelo social ahora se encuentra bajo presión debido a cambios en las estructuras económicas, la naturaleza del trabajo y los perfiles demográficos, con la pobreza y el aumento de las desigualdades que socavan la dignidad humana cada vez más. Los Estados europeos deben asumir sus responsabilidades de reforma para que las generaciones presentes y futuras puedan seguir disfrutando de condiciones de vida dignas y una protección social adecuada. Es en este contexto que el caso de un ingreso básico, o llamado ciudadanía, se ha presentado en el debate público.

 

2. La Asamblea Parlamentaria considera que un nivel de vida digno para todos es una piedra angular de la justicia social y la dignidad humana. Mientras que la mayoría de los países europeos han establecido mecanismos de apoyo a los ingresos para garantizar un mínimo estricto para los necesitados, a casi todos se les ha pedido que mejoren sus sistemas en respuesta a las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales. Este último ha destacado reiteradamente fallas en el compromiso de facto de los Estados Partes de la Carta Social Europea para garantizar un nivel de vida decente para todos los sectores de la población, incluidos los grupos más vulnerables (como niños, jóvenes y ancianos, el los desempleados y los trabajadores pobres, y las personas con discapacidad y los enfermos).

 

3. Básico, o ciudadanía, el ingreso es una forma de seguridad social que puede proporcionar a cada ciudadano una suma regular de dinero para vivir: es "pagado por una comunidad política a todos sus miembros de manera individual, sin prueba de medios o requisitos de trabajo "[Van Parijs]. Definido como universal, individual, incondicional y suficiente para garantizar una vida digna y participativa en la sociedad, un ingreso básico aliviaría la pobreza absoluta al tiempo que eliminaría los desincentivos para el trabajo (ya que no se retira cuando la persona obtiene otros ingresos). Además, complementaría las ganancias para aquellos que se dedican a formas no estándar de trabajo y de trabajo compartido, aquellos que están subempleados o aquellos en trabajo no remunerado (como el cuidado de niños o ancianos y personas enfermas en la familia).

 

4. La Asamblea cree que la introducción de un nuevo título puede garantizar la igualdad de oportunidades para todos los modos más eficaces que el mosaico existente de beneficios, servicios y programas sociales. Sin embargo, la Asamblea es plenamente consciente de las dificultades prácticas de un cambio tan radical en la política social. Es necesario un debate en profundidad en cada país para determinar las condiciones de ese ingreso, el contrato permanente y las formas de financiamiento como parte de un nuevo contrato social entre los ciudadanos y el Estado

 

5. Como cuestión prioritaria, la Asamblea insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a mejorar la adecuación de sus regímenes de ingresos mínimos existentes y garantizar, en particular, que las cesiones nacionales de bienes y servicios cubran la plena participación de los individuos en la sociedad. Cuando corresponda, los países también podrían considerar la adopción del indicador "en riesgo de pobreza o exclusión social" (AROPE) utilizado por las instituciones de la Unión Europea.

 

6. Considerando que una posible introducción de un ingreso básico requiere medidas intermedias para hacerlo asequible mediante revisiones audaces de los sistemas nacionales de protección social y tributación, la Asamblea recomienda a los Estados miembros:

 

6.1. estudiar las iniciativas pasadas y presentes de pruebas de campo de diferentes fórmulas de ingresos básicos a nivel local, regional o nacional;

 

6.2. mejorar el apoyo a las categorías vulnerables de la población mediante:

6.2.1. continuar con la consolidación de los esquemas existentes de apoyo a los ingresos y una revisión crítica de los niveles impositivos, los descansos y los créditos para identificar las transferencias positivas;

6.2.2. racionalizar los sistemas de apoyo social existentes para eliminar ineficiencias, lagunas y superposiciones;

6.2.3. expandir los esfuerzos para frenar la evasión y elusión de impuestos por parte de empresas multinacionales y personas adineradas y reasignar fondos recuperados de esta forma a las prioridades de la política social;

 

6.3. en su caso, volver a examinar sus regímenes de ayuda a la renta a la luz de las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales;

 

6.4. involucrar a todos los interlocutores sociales en el proceso de establecer un punto de referencia nacional en un nivel de subsistencia mínimo que permita a cada ciudadano tener un ingreso por encima de la línea de pobreza;


6.5. llevar a cabo una evaluación de impacto de los esquemas nacionales de ingresos mínimos y considerar otros pasos para mejorarlos;

 

6.6. mejorar la cobertura y la aceptación de los esquemas de ingresos mínimos existentes al:

6.6.1. garantizar que los jóvenes mayores de 18 años que buscan vivir por su cuenta tengan acceso a un mínimo de ingresos;

6.6.2. reducir los obstáculos administrativos y eliminar la discriminación y la arbitrariedad en la concesión de apoyo a los ingresos a escala nacional y local;

6.6.3. revisar periódicamente los regímenes nacionales de ingresos mínimos con el fin de hacerlos más sencillos, rentables, transparentes, gestionados de manera eficiente y mejor coordinados con los servicios de empleo y los organismos de integración;

6.6.4. separar el trabajo social y otorgar apoyo a los ingresos de las funciones de control y supervisión;

6.6.5. aumentar la flexibilidad y eliminar la condicionalidad punitiva al examinar las solicitudes de ayuda a los ingresos;

6.6.6. mejorar los sistemas de información sobre los derechos y ampliar el trabajo de campo para un alcance activo hacia los posibles receptores de apoyo a los ingresos entre las categorías más frágiles de la población;

 

6.7. perseguir el diálogo social y el trabajo explicativo con la población sobre los riesgos y oportunidades inherentes a la adopción del ingreso básico;

 

6.8. reforzar los regímenes de ayuda a la renta y otras medidas de inclusión social activa, especialmente las políticas de empleo y los servicios públicos de calidad;

 

6.9. estimular un debate público nacional sobre un ingreso básico de ciudadanía para preparar el terreno y poner en marcha experimentos nacionales sobre un ingreso básico.

 

 

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