ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
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5. Conclusiones y recomendaciones: un camino a seguir.

51. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa construyó una prosperidad impresionante mediante un desarrollo basado en el respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Su modelo social se fue consolidando gradualmente en torno al consenso en favor de la dignidad humana, la solidaridad y la libertad, con el compromiso de todos los interlocutores sociales, en particular el Estado. Ahora que este modelo se resquebraja bajo la presión de las "ideologías de libre mercado", cambios radicales en las estructuras económicas y los perfiles demográficos, el Estado debe asumir sus responsabilidades especiales de reforma hacia la población para que las generaciones presentes y futuras puedan continuar disfrutando condiciones de vida acompañadas de la debida protección social.

 

 

52. Un ingreso vital mínimo es una disposición fundamental de un sistema social centrado en el ser humano. Es indispensable para revertir la tendencia al aumento de las desigualdades y el crecimiento de la pobreza, que socavan la dignidad humana de los más gravemente afectados y la cohesión social y la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Si bien la mayoría de los países europeos han establecido mecanismos de ayuda a la renta más o menos generosos para garantizar un mínimo estricto a los necesitados, casi todos tienen que revisar y mejorar sus sistemas en respuesta a las recientes conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Este último ha destacado múltiples deficiencias en el compromiso de facto de los Estados Partes de la Carta Social Europea para garantizar un nivel de vida digno para su población, incluidos los residentes, los migrantes, las minorías y todas las personas con necesidades especiales (como niños, jóvenes y los ancianos, los desempleados y los trabajadores pobres, y las personas con discapacidad y los enfermos).

 

 

53. Para contrarrestar el dumping social y el "turismo de beneficios sociales", todos los Estados europeos tienen un interés común en armonizar gradualmente sus disposiciones sociales. Para ello, deben considerar el uso de la misma metodología y los indicadores de referencia para determinar el nivel de derechos que permitiría a los más necesitados disfrutar de un nivel de vida digno. Por lo tanto, los países podrían hacer un mejor uso del indicador "en riesgo de pobreza o exclusión social" (AROPE) desarrollado por la Unión Europea. Esto corresponde al 60% de la renta nacional media equivalente disponible neta (después de transferencias sociales), un indicador que utilizan varias instituciones europeas para referencia junto con marcadores de privación material grave y personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo.

 

 

54. Al mismo tiempo, debe realizarse una revisión del umbral de pobreza relativa en los países donde la mayoría tiene bajos ingresos (y, por lo tanto, la renta mediana es baja) para asegurar individualmente un nivel de vida digno y participación en la sociedad, así como verificar los umbrales de pobreza relativa (o riesgo de pobreza) con respecto a su efectividad para garantizar la existencia sostenida y el acceso a los derechos fundamentales. Cuando corresponda, se debe usar un punto de referencia alternativo (como una canasta de bienes y servicios) para determinar el monto del ingreso básico que garantiza una vida digna y autónoma. Tal como lo propuso el Parlamento Europeo en varias ocasiones, sería útil que la Comisión Europea pudiera desarrollar un método común para determinar un ingreso mínimo y una canasta de referencia de bienes y servicios Podría servir como base para los cálculos nacionales y la consideración de un ingreso básico adecuado.

 

55. Además, los europeos deben perseverar en la mejora de la cobertura y la aceptación de los regímenes de ayuda a la renta por parte de los más necesitados. Deben considerar estos esfuerzos como un deber moral y una inversión social en la prosperidad duradera y la competitividad de sus países.

 

56. Una vez que la convergencia de las disposiciones sobre ingresos mínimos para la vida se convierta en una realidad en Europa, los países podrían trabajar juntos hacia la adopción de un esquema europeo común y, en última instancia, un mecanismo de ingresos básicos o de ciudadanía más flexible. Hagamos de nuestra meta común a largo plazo aspirar a una sociedad más inclusiva y justa, unida en dignidad y valores compartidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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